TLALPAN: LOS SOBREPRECIOS QUE LA ALCALDÍA DEBERÁ EXPLICAR

• Sobreprecios, retrasos y contratos millonarios: irregularidades en presupuesto participativo en la administración de Gabriela Osorio en Tlalpan.

• Equipos con precios de hasta 18 mil pesos, por encima de cotizaciones públicas

• Más de 18 millones de pesos concentrados en un solo contrato

Ciudad de México 12 mayo 2026.- El Presupuesto Participativo no es dinero de la alcaldía.Es dinero de las y los vecinos de Tlalpan, que año con año deciden en qué se debe invertir en sus colonias: agua, alumbrado, seguridad, infraestructura o apoyos como calentadores solares.

Por eso lo que hoy ocurre en la administración de Gabriela Osorio no puede verse como un simple trámite burocrático. Se trata del manejo de recursos que pertenecen directamente a la ciudadanía.

De acuerdo con documentos oficiales obtenidos vía transparencia, la administración de Gabriela Osorio en Tlalpan firmó el contrato AT-2025-138 ADQ por un monto de 18 millones 396 mil 469 pesos para la adquisición e instalación de equipos en distintas colonias.

La propia alcaldía reconoce que los precios unitarios de los equipos oscilan entre 10 mil 626 pesos y 18 mil 502 pesos con IVA incluido, dependiendo de sus características técnicas, y precisa que en algunos casos los montos corresponden al costo integral del proyecto por unidad territorial.

Sin embargo en cotizaciones públicas, un calentador solar de características similares puede encontrarse alrededor de los 6 mil 200 pesos, lo que vuelve inevitable la pregunta: ¿por qué en la administración de Gabriela Osorio se reportan costos tan altos con dinero del Presupuesto Participativo?

Pero el problema no termina en el precio.

La información pública también confirma que el plazo contractual vencía el 31 de diciembre de 2025, pero hubo entregas reportadas después de esa fecha, incluso hasta finales de enero.

Es decir, en la administración de Gabriela Osorio se comprometieron y ejercieron recursos públicos sin que todos los bienes estuvieran entregados, instalados y verificados en tiempo y forma.

Además, existe una contradicción sobre quién debía supervisar la correcta entrega de los equipos.

Por un lado, se señala que esa responsabilidad correspondía al área de Medio Ambiente; por otro, la Dirección General de Participación Ciudadana informó que fue personal de su estructura quien realizó la verificación de entrega.

Eso significa que, en un contrato millonario pagado con dinero de las y los vecinos, la administración de Gabriela Osorio ni siquiera deja claro qué área fue la responsable de validar que las cosas estuvieran bien.

A esto se suma que el contrato fue asignado mediante adjudicación directa, concentrando más de 18 millones de pesos en un solo proveedor.

Cuando se junta todo, el patrón es preocupante:

• Costos que generan dudas razonables

• Adjudicación sin competencia

• Entregas fuera de plazo

• Verificación confusa

• Y resultados incompletos para la ciudadanía

  
  

La administración de Gabriela Osorio tendrá que explicar por qué el dinero de las y los vecinos se ejerció con costos cuestionables, entregas fuera de tiempo y sin claridad en la supervisión.